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24 de enero de 2013

Analizan sexenio de Felipe Calderón expertos de la Ibero

Más de una docena de investigadores de la Universidad Iberoamericana, entre los que destacan Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 en el campo de historia, ciencias sociales y filosofía y fundador del INIDE, hicieron un balance general de la pasada Presidencia, publicado en el documento Sexenio en perspectiva. Análisis académico del gobierno de Felipe Calderón.
El texto (disponible en este enlace) es una invitación a pensar, desde distintas dimensiones y perspectivas teóricas y éticas, sobre la compleja realidad mexicana, sus implicaciones hacia el futuro y los enormes desafíos no resueltos que tiene la nación en los ámbitos social, político, económico, educativo, migratorio, cultural y de derechos humanos, entre otros.
En la presentación de la publicación se contó con la presencia de cuatro de los 15 autores, quienes compartieron con el público asistente su visión retrospectiva del pasado gobierno federal.
El doctor Rubén Aguilar Valenzuela, académico de los departamentos de Comunicación y Ciencias Sociales y Políticas, señaló que gran parte de la calificación negativa obtenida por Felipe Calderón tuvo que ver con su mala estrategia de comunicación, siempre equivocada, y cuyo mayor error fue concentrar ésta en un solo tema, la guerra contra el narcotráfico, a través de spots y del propio discurso del entonces mandatario, quien dio una relevancia brutal a esa cuestión.
Al no ser capaz de posicionar otro tema en su agenda monotemática de violencia y narcotráfico, Calderón “construyó su propia cárcel”, dijo Aguilar.
El prologuista de la obra y académico de la Dirección de Investigación, doctor Alberto Montoya Martín del Campo, retomó el tema del narco y opinó que aceptar presiones externas para que el Ejército Mexicano ayudara a disminuir el consumo de estupefacientes fue una concepción errónea del fenómeno, que tuvo un costo extraordinariamente grave para México.
Sin embargo, apuntó, el sexenio de Calderón tendría que observarse desde una perspectiva más amplia, de 30 años, con una visión histórica y holística de la problemática, donde todo forma parte de una sola realidad.
Destacó que México se desindustrializó; el hecho de que seis millones de personas más entraron a la pobreza extrema; la expulsión de más de tres millones de campesinos; la falta de cultivo en ocho millones de hectáreas; el problema en la producción y abasto de energía e hidrocarburos, y la falta de crecimiento económico y un producto interno bruto per cápita estancado desde hace tres décadas, necesidades que el sistema político no fue capaz de reconocer.
En su perspectiva como profesor del Departamento de Derecho, el doctor Miguel Rábago Dorbecker abordó el tema de los derechos humanos, cuyos abusos tuvieron un incremento constante en el pasado sexenio, por parte del gobierno y actores privados, grupos paramilitares y la delincuencia organizada.
En cuestiones de género el mandato de Calderón no apuntó bien, al haber casos de discriminación laboral, acoso sexual en el trabajo, feminicidios y violencia de género, dijo.
Asimismo hubo dos reformas importantes en materia de derechos humanos, la penal y la constitucional. La primera fue "agridulce", ya que aunque está acorde con los estándares internacionales también constitucionalizó una de las figuras más violatorias, el arraigo, que afecta la posibilidad de defensa del inculpado. La segunda no puede atribuirse a la Presidencia, porque se gestó desde la sociedad civil; empero, se vio un incremento de torturas y desapariciones forzadas.
Finalmente, José Antonio Cerro Castiglione, economista del Departamento de Estudios Empresariales, mencionó que se presentó un gran estancamiento en la demanda interna, relacionado con el empleo, la pobreza y la distribución de la riqueza.
El analista mencionó, desde una perspectiva a futuro, que una prioridad en el presente sexenio debería ser empezar el combate de las tres "íes": la inseguridad, la ineficiencia y la inequidad.
También debe discutirse la enorme dependencia de la economía mexicana en relación con la de Estados Unidos, ya que si bien México es ejemplo de estabilidad macroeconómica, necesaria para el desarrollo, ésta es insuficiente para el crecimiento de una nación, señaló.
De hecho la economía interna no crece lo suficiente para dar trabajo en cantidad y calidad a los mexicanos, un problema que no ha sido mayor por la existencia de dos válvulas de escape: la migración y la informalidad.
Por esas y otras razones los temas de discusión permanente deben ser cómo se aplicará la política económica y de qué manera, hablar de una nueva macroeconomía, pensar en un régimen de impuestos que incremente el ahorro, la inversión y solucione el problema de la no creación de empleo, y usar la política fiscal como política económica.
Además, discutir el tema del desarrollo del sector agrario y del fomento industrial, e implementar la protección social, en cuanto a empleo, salud y vivienda. Todos estos son planes integrales y de largo plazo, que debieran tener una amplia participación de la sociedad civil.
En la presentación de Sexenio en perspectiva. Análisis académico del gobierno de Felipe Calderón, participaron el doctor Manuel Guerrero Martínez, director del Departamento de Comunicación, así como otros autores de la publicación: Carlos Muñoz Izquierdo, Isidro Soloaga, Pablo Cotler Ávalos, Roberto Sánchez de la Vara, Enrique Gutiérrez Márquez, Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, Pablo Reyna Esteves, Javier Urbano Reyes y José María Nava Townsend.


Fuente: Sala de Prensa/Ibero. 
Carlos Muñoz Izquierdo es Licenciado en Economía por el ITAM y doctor honoris causa por  la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigador emérito y fundador del INIDE de la UIA.

15 de noviembre de 2012

Discutir la educación: Tierra de diálogos y Sin filtro

Por Pedro Flores Crespo*

Apenas la semana pasada comentaba que el tema educativo era parte de un creciente movimiento de información y opinión pública y en pocos días, fui testigo de la realización de dos programas de televisión que pusieron a la educación en el centro del debate. Estos programas son: Tierra de diálogos y Sin filtro. El primero es un programa producido por el Canal 30.1, el cual se puede ver en formato digital en el Distrito Federal y en canales análogos abiertos en algunas otras zonas del país. Tierra de diálogos, aún no sale al aire. Será a mediados de noviembre que empezará transmisiones y el capítulo dedicado a la educación tardará uno o dos meses en ser visto.
En el caso de Sin filtro, como muchos sabemos, es un programa en donde algunos de sus participantes estuvieron ligados al grupo #YoSoy132, el cual se desprendió del ejemplar movimiento Más de 131, que tuvo su origen en la Universidad Iberoamericana a raíz de la visita del entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Sin filtro es transmitido por Foro TV, un canal de Televisa y en su segunda edición (04/10/12), centró su atención en la educación del país.
¿Qué comparten Canal 30.1 y Televisa? La crítica. El primero por haber sido creado mediante una iniciativa gubernamental y la segunda por ser una empresa rica con contenidos pobres. Además, la puesta en marcha de un programa con ex miembros del #YoSoy132 levantó sospechas de “cooptación” por parte de la empresa comercial de medios. No voy a meterme aquí en esta polémica, mas bien, quisiera comentar los contenidos de ambos programas y opinar sobre su calidad.
Aún cuando los televidentes tienen la última palabra para juzgar el programa Tierra de diálogos, fue interesante que los organizadores del programa nos pidieran a los participantes tocar el tema educativo desde el ángulo del discurso, desde la “palabra educación”. ¿Hay abusos del discurso educativo? ¿Todos sabemos de educación como para poder hablar de ella con razón y fundamento? ¿Qué creencias —e intereses— escondemos los actores detrás de nuestras expresiones relacionadas con el sistema educativo nacional? Hasta donde recuerdo, esta perspectiva de análisis no es común en los medios de comunicación y me parece alentador que un programa de televisión se haya dado cuenta de este vacío.
Mi opinión ahí fue que los “discursos” no pueden ser constructores de la realidad ni tienen por qué convertirse en verdad unívoca. Todo lo que los distintos actores sociales y políticos expresamos en los medios requiere confrontación, análisis y fundamento. Si carecemos de evidencias sólidas, estaremos más expuestos a creer que la pobreza económica impide irremediablemente a los niños aprender, que una organización civil quiere privatizar las escuelas cuando otros son los que se sienten sus dueños, que si no hay más dinero y prebendas habrá “caos social” o que los maestros son seres humanos más indefensos que los infantes a los que diariamente tratan de educar.
A partir de esta discusión, se habló de la “responsabilidad” de los medios de construir sus mensajes con información científica, algo que otros países ya realizan. La coalición entre investigadores y periodistas es clave para poder generar debates públicos mucho más informados que en última instancia, enriquezcan y orienten mejor el cambio de políticas.
Sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de utilizar información y evidencia científica para construir y presentar sus mensajes, el programa Sin filtro sentó, a mi juicio, un mal precedente en su capítulo dedicado a la educación. En sus inicios, se dijo que este programa de Televisa presentaría la opinión de jóvenes universitarios, “independientes, críticos” y que sólo ellos marcarían la línea editorial. Tal característica parece que ha resultado contraproducente. A pesar de haber tenido como invitada a una egresada de la carrera de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente, asistente de investigación educativa en la Ibero, los conductores de Sin filtro casi no la dejaron hablar y apoyaron sus opiniones en clichés y observaciones sin fundamento empírico o teórico. Por ejemplo, dijeron: “mientras Brasil forma técnicos, México abogados”, en el sexenio “no se trabajó suficiente”, “calidad educativa es igual a capital humano”, ”Josefina Vázquez Mota firmó la Alianza por la Calidad de la Educación”.
Y aún más grave fue que al momento en que una participante preguntó a los panelistas por qué asumían que a los padres de familia no les importaba la educación de sus hijos. En ese momento, uno de los jóvenes presuroso respondió: Porque abusan de sus hijas…Cuando tienes un asentamiento rural en donde tú vives en una casa de dos por dos; no tienes las condiciones para tú tener a tus dos hijos a tu esposa y tienes una letrina que esta ahí, y tienes que dormir [con más gente]; esto se presta muchas veces a que las condiciones mismas te determinen a que tiendas a tener ciertas perversiones y ciertos abusos de autoridad. Es cierto que ante esta opinión, el conductor del programa reaccionó para decirle al joven que su supuesto del incesto no tenía fundamento, sin embargo, ahí quedó el mensaje y la confusión avanzó, no así el debate razonado.
Los jóvenes de Sin filtro pisaron, como comenté con un colega especialista en comunicación, un terreno común cuando se habló de educación. Es claro que a este programa le hace falta una línea editorial innovadora, de debate razonado, pues lo que se exhibió el domingo 4 de noviembre no tiene relación alguna con la imaginación y altura de miras que dejó ver la juventud a partir del movimiento Más de 131.

* Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA): pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo. Originalmente publicado en Campus Milenio.

5 de octubre de 2012

Mexicanos Primero propone las metas para el avance del Sistema Educativo a través del estudio Ahora es cuando

Ahora es cuando propone metas específicas para logar trayectorias completas y exitosas. Se exponen cuatro caminos para lograr la transformación educativa.
El pasado 3 de octubre, Mexicanos Primero presentó el estudio: Ahora es cuando. Metas 2012-2024, el cual plantea los caminos que deben emprender el sistema educativo nacional para transformar radicalmente el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Este estudio propone  dos  metas concretas: lograr trayectorias completas y trayectorias  exitosas para  que  todos  nuestros estudiantes puedan desarrollar a plenitud su talento como ciudadanos globales para el año 2024. Con estas metas se pretende transformar la educación  para alcanzar al mundo en cantidad  y calidad educativa.
Los cuatro caminos  propuestos  para lograr la transformación educativa son: Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en educación, Profesionalización docente,  Gasto transparente y eficiente, y Autonomía y participación de las escuelas.
David Calderón, director general de Mexicanos Primero, afirmó que todos somos responsables de la situación de la educación básica y todos somos responsables de contribuir a su mejora, por lo que si no variamos sustancialmente la tendencia educativa actual, las grandes mayorías del país seguirán sentenciadas a permanecer pocos años en la escuela con bajo logro de aprendizaje, sin llegar a desencadenar su potencial pleno. Por estas razones,  se  proponen metas específicas para variar significativamente las trayectorias de los alumnos que se incorporan al sistema escolar. Informó también que el estudio establece un calendario de reformas estratégicas para los próximos doce años; las metas están diseñadas de forma diferenciada por estado, para favorecer la rendición de cuentas de los gobiernos estatales hacia la ciudadanía.
Por su parte,  Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, señaló que el tema de educación requiere de transformaciones de fondo y no de administraciones educativas, si queremos alcanzar al mundo en cantidad y calidad educativa. Por lo anterior, planteó “el logro de 12 años de escolaridad promedio por mexicano, después de cursar ciclos escolares de 200 días, de por lo menos 6.5 horas cada día; y, alcanzar al mundo en calidad educativa, obteniendo resultados en PISA equivalentes a los de los países de la OECD en comprensión lectora, matemáticas y ciencias”, dijo.
Durante la presentación, se contó con  los comentarios de Sylvia Schmelkes, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), quien destacó como positivo el esfuerzo que se hace desde la ciudadanía para profundizar en una propuesta de transformación de la educación en México e invitó al diálogo necesario entre todos los interesados para el aterrizaje de estos cambios.



* Derechos reservados. Comunicado de prensa cortesía de Mexicanos Primero. Síguelos en: http://www.mexicanosprimero.org
Sylvia Schmelkes del Valle es Socióloga y Maestra en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana - Ciudad de México). Actualmente es Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la UIA.

Ahora es cuando: Metas 2012-2024 de Mexicanos Primero

- La organización Mexicanos Primero piden que en la SEP se acaben las cuotas de poder y se pondere la calidad educativa.

- Exhortó a la próxima administración a emprender cuatro acciones en cuatro caminos para lograr la reforma educativa para abatir la deserción escolar.

El sistema educativo nacional se caracteriza por su "ineficiencia, despilfarro y corrupción", por lo que la organización Mexicanos Primero demandó al próximo gobierno del presidente electo, Enrique Peña Nieto, transformar la Auditoria Superior de la Federación en un Tribunal Federal de Cuentas; que el nombramiento del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se haga "sin ataduras al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación" e impulsar la libertad de filiación, la no retención automática de las cuotas sindicales y la transparencia de las organizaciones magisteriales.
Dentro de las 66 "transformaciones necesarias" que entregó al equipo de transición, esa organización pidió un "nuevo arreglo" del sistema que permita al Estado recuperar la rectoría de gestión del sistema educativo.
También planteó contar con una defensoría autónoma o un programa a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para establecer un mecanismo de defensa del derecho a una educación de calidad, trato justo al desempeño de los maestros y la no discriminación por origen étnico, edad o por condición de discapacidad.
Al presenta el estudio "Ahora es cuando. Metas 2012-2024", que entregó al equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González, pidió cambiar el "arreglo corporativo" que la SEP tiene con el SNTE, presidido por Elba Esther Gordillo Morales.
Demandó acotar "la actuación rapaz y de bloqueo" del SNTE y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El documento de 99 cuartillas que establece metas a lograr en el año 2024 a nivel federal y por cada una de las 32 entidades federativas, advierte que la "disfunción" del sistema educativo tiene su raíz en el "predominio de la política electoral y de reparto de beneficios clientelares, por encima de una política educativa".
Antes integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y representantes de organizaciones civiles, Claudio X. González dijo que para los próximos años se requieren "metas elevadas". Entre ellas: publicar un padrón confiable; una fórmula progresiva de gasto; y, crear esquemas gubernamentales y ciudadanos de vigilancia sobre el uso de los recursos.
Exhortó a la próxima administración a emprender cuatro acciones en cuatro caminos para lograr la reforma educativa para abatir la deserción escolar, hacer eficiente el gasto y acabar con "la corrupción".
La organización que se ha confrontado con la dirigencia del SNTE desde su nacimiento -2005- y que financió el documental De Panzazo, estima que México tardaría 50 años en alcanzar al promedio de. las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), si se compara el desempeño de los estudiantes de 15 años en pruebas de matemáticas; y, más de 150 años en alcanzar la calidad en comprensión lectora.
Esta vez, insistió en desaparecer las 160 mil comisiones sindicales del SNTE. "Hablan del desorden, el desvío y la simulación rampantes en nuestro sistema", dijo González Guajardo.
Al plantear en su propuesta los "cuatro caminos de la transformación educativa", estableció como punto de arranque la recuperación de la rectoría del Estado mexicano en la educación para exigir que a partir de diciembre de 2012 "el equipo responsable del diseño y la ejecución de la política educativa nacional sea elegido e instruido para dialogar, pero nunca transigir, con la estructura sindical".
El documento señala que "es inadmisible seguir manteniendo el engaño de que pactar con el SNTE es relacionarse con los maestros".
Describe que el sindicato capturó las subsecretarías, direcciones generales de la SEP o de las secretarías de educación en los estados, creando una "mesoestructura", una colonización del sistema, que se traducen en "encargados de promover mejores condiciones de trabajo, que adelantan demandas sobre sueldos, seguridad y prestaciones", que requieren un nuevo decreto que defina a empleados de confianza y autoridades intermedias.
Claudio X. González dijo a EL UNIVERSAL que en la asignación del secretario y de los funcionarios en la educación "no debe haber pago de cuotas políticas".
La educación ni ningún otro sector de la administración pública debe ser espacio para el pago de cuotas políticas, por lo que el próximo secretario de Educación Pública no debe ser sólo un administrador sino un reformista del sector que permita que el Estado recuperar la rectoría de su gestión.
Señaló que sólo dos de cada diez terminan el ciclo de educación básica y sólo uno de ellos logra aprendizajes previstos.
"Es imperativo que se eliminen las prácticas de despilfarro e ineficacia. No son eventuales y marginales, responden a condiciones estructurales".
Demandó que haya orden y cambio al sistema educativo: "¡No al ausentismo! ¡No a los paros! ¡No a los aviadores! ¡No a la mediocridad! A tener valor para enfrentar a los intereses creados; a los complacientes; a los derrotistas; a los corruptores; a quienes maltratan y humillan a los maestros y luego dicen ser sus protectores".
La investigadora de la Universidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes, planteó que antes de empeñarse en elevar el promedio de desempeño de los niños y jóvenes, cuando se mide la calidad, es importante reducir la desigualdad que persiste.
También pidió replantear la evaluación en su uso para acabar con las repercusiones hacia los individuos y las escuelas, dado que la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) sólo se ha "pervertido". 


Piden que el titular de la SEP sea un reformista, no un administrador. 
El próximo Secretario de Educación Pública no debe ser un administrador del sector sino un reformista que permita que el Estado recupere la rectoría de su gestión, propuso la organización Mexicanos Primero al Gobierno del Presidente electo, Enrique Peña Nieto. 
Exigió también a "los políticos que dejen de usar a la educación como moneda de cambio. No les podemos pedir lo imposible, pero sí exigirles lo que con valor y entrega sea realizable para mejorar la calidad educativas", dijo el presidente de ese organismo Claudio X. González. 
Al presenta el estudio "Ahora es cuando. Metas 2012-2024", que entregó hace unos días al equipo de transición del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, el presidente de esa organización, González Guajardo, pidió al próximo Gobierno cambiar el "arreglo corporativo" que tiene la Secretaría de Educación Pública con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de emprender cuatro acciones de reforma para abatir la deserción escolar, hacer eficiente y transparente el gasto, mejorar la calidad del sistema, profesionalizar a los docentes y acabar con "la corrupción enquistada en la educación". 
Señaló que sólo dos de cada 10 terminan el ciclo de educación básica y sólo uno de ellos logra aprendizajes previstos. 
"Es imperativo que se eliminen las prácticas de despilfarro e ineficacia. No son eventuales y marginales, responden a condiciones estructurales". 
Demandó que haya orden y cambio al sistema educativo: "!No al ausentismo! !No a los paros! ! No a los aviadores! !No a la mediocridad! A tener valor para enfrentar a los intereses creados; a los complacientes; a los derrotistas; a los corruptores; a quienes maltratan y humillan a los maestros y luego dicen ser sus protectores". 
En el documento que presentó antes integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y representantes de organizaciones civiles, dijo que para los próximos años se requieren "metas elevadas". Entre ellas: publicar un padrón confiable; una fórmula progresiva de gasto; y, crear esquemas gubernamentales y ciudadanos de vigilancia sobre el uso de los recursos.
Insistió en desaparecer las 160 mil comisiones sindicales. "Hablan del desorden, el desvío y la simulación rampantes en nuestro sistema". 
La directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes, planteó que antes de empeñarse en elevar el promedio de desempeño de los niños y jóvenes, cuando se mide la calidad, es importante reducir la desigualdad que persiste. 
También pidió replantear la evaluación en su uso para acabar con las repercusiones hacia los individuos y las escuelas, dado que la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) sólo se ha "pervertido". 
David Calderón, director general de Mexicanos Primero señaló que no se puede permitir que la nueva administración federal "nos ponga más de lo mismo: más becas, más computadoras, más infraestructura, pero dejando intactos los factores de peso que distorsionan el esfuerzo educativo del País".


*Derechos reservados. Notas originalmente publicadas en El Universal (04/10/2012). Fotografías: Milenio y Mexicanos Primero.

28 de septiembre de 2012

Transición educativa (tercera y última parte)

Por Pedro Flores Crespo*
Hay razones para pensar que en términos ideológicos y en orientación de políticas el próximo cambio de gobierno no significará una transición educativa. En términos ideológicos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados no se complicarán la vida tratando de pensar cómo renovar sus creencias que han ido desde el nacionalismo revolucionario hasta el “liberalismo social” y la modernización.
La orientación de políticas tampoco parece que será transformada profundamente. Las propuestas educativas de Enrique Peña Nieto (EPN), como candidato a la presidencia, trazaron una línea de continuidad con aquéllas que pusieron en marcha las administraciones pasadas. ¿En dónde podrá entonces residir la transición educativa cuando el PRI empiece a encabezar la próxima administración federal? Probablemente, en la forma de gobernar el Sistema Educativo Nacional (SEN). A mi juicio, un nuevo modelo de gobernabilidad del SEN tendría que basarse en: (1) reconstruir la autoridad educativa, (2) institucionalizar los procesos para la formulación de la agenda educativa, implementación de acciones y reformulación de políticas, (3) organizar la estructura de la Secretaría de Educación Pública de manera funcional y (4) promover, decididamente, la participación social (PS).
En las dos entregas anteriores (Campus 478 y 479) ya expliqué los primeros tres puntos y ahora, en ocasión del décimo aniversario del suplemento, deseo cerrar esta serie hablando de por qué es importante promover la participación social en la educación de México. Hacer que la gente se involucre activamente en los asuntos escolares y educativos es una valiosa condición para tratar de impulsar el cambio en el sector educativo de nuestro país.
¿Qué significa participar?
Promover la participación social en la educación significa crear las condiciones para poder intervenir, como padres de familia, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, en los asuntos escolares y en los procesos de política pública. La participación social en la educación de México es importante por varias razones. La primera es que la educación es un asunto público, que compete a todos y por lo tanto, no puede ser propiedad de grupos o burocracias oficiales o sindicales. Dejar la educación en manos de unos pocos es perjudicial para todos.
Desde 1993, la participación social se convirtió en una política “de Estado” al estar estipulada en la Ley General de Educación (LGE), no obstante sus avances son variables. Si bien 84 por ciento de las escuelas públicas en México cuentan con un Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), algunos autores han mostrado que los CEPS son más un requisito formal que un instrumento para impulsar el involucramiento continuo y general de los distintos actores en los asuntos escolares y educativos (Martínez, Bracho y Martínez). Aunque en 2010 se propusieron lineamientos específicos para la operación de estos consejos, siguen conformándose bajo un modelo único, las nuevas actividades de “participación social” son temporales más que continuas, y sus miembros siguen sin ser “democráticamente” elegidos (Observatorio Ciudadano de la Educación). El nuevo gobierno bien podría revisar estas críticas, procesarlas y proponer una nueva estrategia para impulsar la participación de los diversos actores sociales y políticos en los asuntos escolares y en los procesos de política pública.
¿Qué impide la participación social?
Si a 20 años de su impulso oficial sigue habiendo problemas con la participación social en las escuelas y en los procesos de política, habrá que buscar nuevas explicaciones de este fenómeno. Si bien los mecanismos de PS propuestos por la SEP tienen fallas, habrá también que indagar qué pasa del lado de la sociedad. En este sentido, llama la atención que 32 de cada 100 mexicanos entrevistados en el Latinobarómetro 2011 haya dicho que “la mejor política pública” del país es la educación cuando los resultados de las investigaciones, de las pruebas nacionales e internacionales de logro académico e incluso, de los reportes de la prensa muestran las serias deficiencias de la política educativa mexicana. Este porcentaje (32%) contrasta con el uno, 17 y 20 por ciento de Chile, Brasil y Argentina, respectivamente. La complacencia de los mexicanos no parece ser una base útil para activar la participación social.
¿Nos educamos para ser democráticos?
No involucrarse de manera general y continua en los asuntos de la escuela o de la política educativa apunta hacia varios problemas. Uno de ellos podría ser la falta de tiempo de los padres de familia para asistir a la escuela de los hijos y discutir, abiertamente, los asuntos relacionados con su aprendizaje. Igualmente, en el medio educativo está generalizada la tesis (elitista) de que los pobres no participan en los asuntos escolares porque primero deben cubrir sus necesidades básicas (comer, vestirse) antes de movilizarse políticamente. Esta tesis muchas veces no está sustentada en evidencia empírica y sirve para crear prejuicios de clase.
La falta de tiempo y la clase social pueden dar algunas señales sobre la reticencia de las personas para no participar en los asuntos escolares o educativos, sin embargo, no son los únicos factores. Habrá también que reflexionar en la capacidad real que tiene la escuela mexicana para formarnos con el propósito de ejercer la democracia como una forma de vida en la que, a partir de la identificación de los problemas, tengamos la capacidad de razonar, discutir públicamente, discrepar y llegar a soluciones de manera colectiva y razonada.
¿La educación mexicana nos forma para utilizar la razón públicamente y por lo tanto, para ser agentes del cambio? Varios estudios han demostrado que la escuela mexicana reproduce las clásicas conductas autoritarias del medio social y político en que actuamos y vivimos los mexicanos. Si algún alumno se atreve a cuestionar al maestro o alguna otra “autoridad” lo pagará caro. En nuestras acciones cotidianas probablemente asfixiamos los principios de la democracia deliberativa; parece que no somos capaces de percibir sus beneficios. Por ello, no debe sorprendernos que en el Latinobarómetro 2011 se reporte que 36 por ciento de los mexicanos diga que “da lo mismo” tener un gobierno democrático que uno autoritario. Sorprendentemente, esta proporción es la más alta de los países latinoamericanos.
¿Cómo promover la participación social?
Promover la participación social en los asuntos escolares y en el desarrollo de las políticas educativas podría indicar que el nuevo gobierno priísta realmente desea una verdadera transición en el ámbito educativo.
Fomentar esta política es deseable porque podría inducir cambios en distintos ámbitos del sistema educativo. La participación social podría ser una política “palanca” si se impulsa un nuevo esquema de CEPS, el cual podría perseguir como objetivo primordial la construcción, desde la escuela, de una pedagogía ciudadana basada en la discusión constante y abierta entre padres de familia, directivos y maestros sobre temas libremente elegidos por las comunidades. Para ello, la información sobre la situación académica y financiera de la escuela tendrá que fluir constantemente. Los periodistas educativos, medios electrónicos, redes sociales, agencias de evaluación independiente y la SEP —a través del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (Rename)—, tendrán un papel central en esta tarea. Cualquier incumplimiento, omisión, opacidad o acción contraria al derecho de las niñas, niños y jóvenes de recibir educación de calidad deberá ser conocido para que la SEP, en apoyo de las respectivas instancias sociales y judiciales1, tome cartas en el asunto.
Si el razonamiento público se impulsa dentro de las escuelas, quizás sea más factible tener en un periodo no muy largo comunidades escolares que pugnen por acrecentar la autonomía de las escuelas. ¿Está el PRI comprometido con la autonomía escolar o privilegiará con sus acciones — o inacciones— la “intermediación burocrática” entre las escuelas, sindicato y secretaría? El PRI puede recuperar legitimidad con las primeras acciones que ponga en marcha en materia educativa. El sistema educativo demanda cambios de fondo y eso podrá lograrse si se modifica el actual modelo de gobierno que rige el sistema educativo mexicano. Para ello, habrá que trabajar por impulsar la participación social de manera decidida, recuperar la autoridad educativa, institucionalizar los procesos de políticas y organizar mejor la SEP para enfrentar los retos de millones de ciudadanos que de promesas y “revoluciones educativas” ya han escuchado demasiado. No responder cabal y eficientemente a las expectativas de la sociedad, creará un ambiente político desfavorable para el próximo gobierno. Veremos qué camino elige.

1Tomo este punto de Sergio Cárdenas (CIDE),quien, con sus pláticas, me ayudó a considerar al poder judicial como un aliado del derecho a recibir educación de calidad.
Estas reflexiones son parte de un proyecto de investigación más amplio sobre participación social, el cual es apoyado financieramente por la UIA y el Conacyt. En él, participan también Laura Ramírez y Ana Violeta Ramírez.

*Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus MilenioConsulta los artículos anteriores:

Transición educativa (primera parte)
Transición educativa (segunda parte)

25 de septiembre de 2012

Transición educativa (segunda parte)

Por Pedro Flores Crespo*
He sostenido aquí que la llegada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados al gobierno federal abre diversas dudas sobre si México experimentará una verdadera transición en el ámbito educativo. Parece que en términos ideológicos y en orientación de políticas y programas no habrá grandes cambios con respecto a las dos administraciones pasadas. Pese a ello, también he comentado que existe una oportunidad de transitar del actual —y limitado— modelo de gobernabilidad del sistema educativo a uno que sirva para ampliar la efectividad de las políticas y programas orientados a mejorar la calidad de la educación de México.
Esta nueva forma de organizar y gobernar el sistema educativo podría construirse si, a mi juicio, se reconstruye la autoridad pública, se institucionalizan los procesos de política, se articula mejor la estructura funcional de la SEP y se le otorga un decidido impulso a la participación social. La semana pasada expliqué el primero de los cuatro puntos (reconstrucción de la autoridad) y ahora procedo a comentar otros dos. En primer lugar, ¿qué significa institucionalizar los procesos de política? Básicamente, introducir reglas para modular la acción de los actores que operan dentro del sistema de políticas para que se vaya construyendo la “superioridad técnica” (Weber) de un régimen político moderno.
La necesidad de institucionalizar la política educativa es cada vez más evidente en estos días en que especulamos quién será el nuevo secretario o secretaria de Educación Pública. La ansiedad por saber el nombre del nuevo secretario es directamente proporcional a la precariedad de nuestra institucionalidad educativa. Si tuviésemos instituciones sólidas, flexibles y con procedimientos claramente establecidos para orientar el rumbo de la educación mexicana, no importaría quién llega a la SEP. Si los privilegios de grupo estuvieran desterrados de la política mexicana, no sería tan determinante para el futuro de la educación quién es el secretario, subsecretario o director general.
Institucionalizar los procesos de política significa despersonalizarlos. Para reforzar este punto, permítanme usar una anécdota. Una vez que le pregunté a un alto ex funcionario de la SEP cuáles pensaba que había sido las tres políticas más exitosas del sector educativo, me respondió: “Vasconcelos, Torres Bodet y Solana”. La personalización de los ciclos de políticas es un rasgo característico de sistemas políticos en donde impera la figura para explicar el éxito o fracaso de las políticas. Una forma moderna de gobernar el sistema educativo sería haciendo menos relevantes los apellidos y creando sistemas de organización política más allá de la voluntad del personaje. ¿Tendrá el PRI el deseo de avanzar en este sentido como para poder constatar que habrá cambio en el ámbito educativo? ¿Sabrán leer los jóvenes del equipo de transición la nueva realidad?
Es evidente que en el sector educativo los actores sociales se están multiplicando, la información es cada vez mayor y más plural, el poder se está esparciendo en los distintos órdenes de gobierno y la preocupación por lo que ocurre en el sistema educativo ha crecido a tal grado hasta convertirlo en un espacio de constante disputa y debate.
Pasemos al tercer elemento sugerido para hablar de una verdadera transición en el sector educativo: La articulación de la estructura funcional de la SEP. Esto significa, por un lado, identificar los cambios más urgentes que habrá que impulsar la Secretaría (e.g. abatir el rezago educativo, elevar la calidad de la secundaria mexicana y hacer pertinente el bachillerato, por ejemplo) e imaginar, por otro, cómo podría organizarse mejor para hacerle frente a esos retos.
Así como decimos que fue un error de Acción Nacional haber cedido partes de la autoridad pública a la dirigencia sindical en el periodo 2007-2012, también es importante reconocer que durante el primer sexenio panista (2001-2006) se crearon importantes unidades administrativas para el desarrollo educativo del país. Gracias a la reestructuración de 2005, surgió la Subsecretaría de Educación Media Superior y años antes, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, así como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El tema de los jóvenes, de los indígenas y la necesidad de contar con una base de información independiente del poder ejecutivo impulsaron una nueva estructura funcional de la SEP. Ahora se habla de crear una nueva Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, idea que Enrique Peña Nieto (@EPN), en tiempos de campaña, no suscribió.
La SEP forma una de los cuerpos burocráticos más extensos de la administración pública, como bien lo hizo notar Alejandro Canales en Campus (14/06/12) y sin embargo, tal magnitud no se ha traducido en una eficiencia gubernamental generalizada. Las instituciones son valiosas en la medida que cumplen con el interés público y amplían las posibilidades de vida de las personas. Pregúntele usted a una mujer indígena de la tercera edad, a un hijo de un jornalero agrícola, a una joven con capacidades diferentes, a un asesor del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) o a una maestra del medio rural que lucha por alcanzar autonomía sindical si se siente respaldada por las instituciones que mantiene la SEP. Hay una oportunidad de defender las palabras con hechos, ¿estará el nuevo gobierno a la altura de las circunstancias? Presionemos con argumentos y acciones razonadas para que así sea.


*Doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.

24 de septiembre de 2012

Educación, reforma inacabada

Por Ericka Pedrero*

Autoridades y especialistas proponen al gobierno entrante un nuevo ajuste al sector para privilegiar la calidad de la enseñanza.

A casi 20 años de la reforma a la Ley General de Educación de 1993, los nuevos planes de estudio y la descentralización del sector si bien plantearon transformaciones profundas al sector, en la práctica tuvieron alcances limitados, coinciden especialistas de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana.
Dicha reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 1993, se propuso un año antes, en la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -cuya dirigencia fue asumida tres años antes por parte de Elba Esther Gordillo-.
La reforma planteó la actualización del sistema educativo sobre cuatro ejes principales: descentralizar la enseñanza básica, la renovación curricular, mejorar la preparación del magisterio y mayor participación social en la educación.
La descentralización de la educación, con la que se pretendía lograr una mayor cobertura y mejor calidad educativa se logró parcialmente, indicó Sylvia Schmelkes Del Valle, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana.
Explicó en entrevista que la mayoría de las entidades coexisten dos sistemas educativos, el federal y el estatal, y bajo este esquema los gobiernos locales sólo toman decisiones en acciones administrativas, como la ubicación de escuelas, la contratación de los maestros -a pesar del concurso de plazas a nivel federal- y “resolver los problemas cotidianos”.
Por el contrario, las modificaciones a los planes de estudio y métodos de enseñanza están negadas a los estados y los pocos que tienen la oportunidad de realizar un cambio deben someterlo a la aprobación de la Federación, por lo que “es una descentralización que a 20 años de distancia la vemos como insatisfactoria”.
Asimismo, dijo que “la reforma curricular de 1993 ha sido una de las más congruentes, más profundas, desde el punto de vista de los contenidos, desgraciadamente no en la operación del sistema (…) sí hay evidencias de que ha cambiado en 20 años, pero con mucha lentitud e insatisfactoriamente”.
Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esta reforma publicada durante la administración del ex presidente Carlos Salinas tuvo avances importantes, por ejemplo, cada entidad ya cuenta con su ley estatal de educación, pero la repartición de los recursos ha entorpecido el avance.
“Los avances se han visto sesgados por la repartición de los recursos, los estados siguen dependiendo del centro económicamente y mientras este sistema no se modifique va a seguir resultando complicado”; además, a pesar de que cada entidad tiene su ley educativa los planes de estudio siguen siendo centralizados, no obedecen a las necesidades de cada región, puntualizó.
Sin embargo, la descentralización también tiene sus consecuencias, ya que un problema educativo derivó en conflictos de intereses, como ocurre en diversas entidades del sureste del país, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas e incluso Michoacán y Zacatecas, indicó al referirse a los movimientos de los maestros disidentes.
Aunado a lo anterior, dijo, “la reforma del 93 fue dirigida a la educación básica, pero la educación básica no lo es todo, los niveles media superior y superior quedaron desprotegidos y sus posibilidades a nivel federal quedaron ligadas a lo que cada entidad pudiera hacer por su parte”.
Apenas la semana el secretario de Educación, José Ángel Córdova y Emilio Zebadúa, presidente de la fundación SNTE, expusieron que es necesaria una nueva reforma que considere no sólo la cobertura, sino la calidad de la enseñanza, que se base en una educación bilingüe (inglés-español) y en la que se ocupen las nuevas tecnologías con mayor eficacia.
Ante esta propuesta los académicos de la UNAM y de la Iberoamericana coincidieron en que además de una nueva modificación a la Ley General de Educación se deben concluir los objetivos planteados en 1993 y planear a mediano y largo plazo, ya que “las reformas que tienen que llegar a la aula son procesos muy largos, incluso hay investigadores que dicen que tardan alrededor de 20 años en entrar”, afirmó Schmelkes Del Valle.
A consideración de la investigadora, la educación bilingüe que propusieron las autoridades educativas el jueves pasado durante La Cumbre de la Comunicación2012, se debía haber planteado desde la reforma de 1993, ya que un año después, en 1994, México y Estados Unidos firmaron un Tratado de Libre Comercio con la intención de romper las barreras internacionales, económicas e incluso sociales.
Por otra parte, Zebadúa González, aseveró que hasta el momento la Alianza por la Calidad Educativa –firmada entre la SEP y el SNTE en 2008 y que es continuidad de la reforma de 1993- no se ha cumplido, ya que “no se ha establecido una verdadera coordinación entre los 33 sistemas educativos o en otras palabras, entre las entidades de la República, sus autoridades y el gobierno federal (…) y segundo, no se ha hecho una política integral de reforma educativa”. 
“No se ha invertido en infraestructura para formar en inglés a los maestros y a los alumnos, no se ha modernizado la burocracia de la SEP, o de las secretarías de educación de los estados”, lamentó en entrevista, al término de la Cumbre. 
El reto ahora no es sólo educar mejor a los jóvenes del futuro, sino darles la seguridad de obtener un empleo, “eso requiere un acuerdo multisectorial, la educación por sí misma no puede resolver el problema de los ninis -que actualmente son más de siete millones 800 mil en el país-, lo único que puede hacer es preparar mejor a los muchachos, que tengan más conocimiento, más competencias”, precisó Rodríguez Gómez, y aseguró que “la educación por sí misma no genera los empleos”, éstos se crean en el sector productivo, las empresas y el gobierno, subrayó.

Línea del tiempo
  • 1921 se crea la SEP
  • 1921-1940 se otorga al gobierno federal la totalidad de los sistemas educativos
  • 1934 se reforma la ley y se hace obligatoria la educación primaria
  • 1943 se unifican todas las organizaciones del gremio en un sólo sindicato
  • 1973 la Ley Federal de Educación -como se llamaba anteriormente- refuerza a la SEP con la centralización de las decisiones sobre el currículo, la elaboración y distribución de libros y materiales educativos, la planeación y programación de espacios educativos y la contratación del personal
  • 1992  se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), en el que se establecía la reforma de 1993
  • 1993 se publica en el DOF la reforma, en la que se establece su descentralización y modificación de los planes de estudio y métodos de enseñanza
  • 1993 se hace obligatoria la secundaria
  • 2008 se firma la Alianza por la Calidad de la Educación entre la SEP y el SNTE
  • 2012 entra en vigor la obligatoriedad de la educación media superior



Derechos Reservados. Originalmente publicado en Diario 24 Horas. Síguelos en Twitter: @diario24horas
Sylvia Schmelkes del Valle es Socióloga y Maestra en Investigación Educativa (Universidad Iberoamericana - Ciudad de México). Actualmente es Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la UIA.

13 de septiembre de 2012

Transición educativa (primera parte)

Por Pedro Flores Crespo*
Debido a que las impugnaciones sobre la elección del primero de julio no prosperaron, México tiene ya un presidente legalmente reconocido para el periodo 2013-2018: Enrique Peña Nieto (EPN). La transición está en marcha y habrá que discutir en qué consiste, qué podemos esperar y qué escenarios se vislumbran dentro del ámbito educativo.
Lo primero que habrá que reflexionar es si el reemplazo del gobierno panista por uno priísta representa una verdadera transición para el sector educativo. Una transición significa pasar de “un modo de ser o estar a otro distinto” (RAE). En política, esta definición contiene una valoración positiva – “si cambiamos, es para mejorar” – y además, encierra tres diferencias para la política: Un modo distinto en: (1) la forma de gobernar, (2) en las políticas y acciones específicas y (3) en la inclinación ideológica. Sobre el tercer punto, varios comentaristas han observado que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), últimamente, no se complica la vida en definiciones ideológicas. El Revolucionario Institucional es ahora una organización política pragmática que sabe adaptarse con facilidad al contexto con tal de cumplir sus fines. En términos ideológicos, por lo tanto, no creo que veamos transición alguna.
En términos de políticas educativas y acciones concretas tampoco avizoro una transición. Revisando las propuestas de campaña de EPN se puede advertir que la mayoría de éstas dibujan una línea de continuidad con la agenda educativa propuesta por las dos administraciones pasadas. Se habla, por ejemplo, de “consolidar” las jornadas escolares completas, ofrecer incentivos económicos a los maestros con base en los rendimientos escolares de sus alumnos – un error, por cierto –, “perfeccionar” el programa de Carrera Magisterial, “continuar” con la implementación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes para la obtención de las plazas, ampliar la cobertura en educación media superior y superior, seguir con el otorgamiento de becas, “fortalecer” la educación a distancia y algo que es el leitmotiv de cualquier político en campaña: “Habrán más dinero para la educación”.
Si no hay variación en términos de políticas ni tampoco en la ideología y las creencias que las sustentan, ¿en verdad estaremos hablando de una transición con la llegada del PRI al gobierno federal? No, pero existe una oportunidad de respaldar las palabras con hechos si la nueva administración introduce cambios sustanciales en la forma de organizar y gobernar el sistema educativo. Estos cambios implican por lo menos cuatro aspectos que - siguiendo a algunos teóricos del cambio político -, pueden ser: (1) reconstruir la autoridad, (2) institucionalizar los procesos de política, (3) articular mejor la estructura funcional de la SEP y (4) darle fuerte impulso a la participación social. A continuación explicaré el primero de estos aspectos y dejaré el resto para entregas posteriores.
Reconstruir la autoridad pública. Ante la conflictiva elección presidencial de 2006, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) vio claramente la posibilidad de acrecentar su poder si convencía al presidente electo de que sin la intervención del SNTE no podría avanzar la educación del país. El presidente panista, contrario a los principios fundacionales de su partido, abrazó el credo corporativo y así nació la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Diversos estudios empíricos y reportajes de la prensa han mostrado los incumplimientos de la ACE. Los más graves son en materia de tecnologías de la información, equipamiento, participación social, asignación de plazas, reforma curricular y transparencia. En cambio ahora la dirigencia sindical puede presumir que ha atraído recursos para sus agremiados (véase, por ejemplo, el regresivo programa de estímulos económicos a maestros y directivos). ¿Quién entonces ganó con la ACE? ¿Un grupo político o la educación de México?
Al haberle cedido autoridad a un grupo sindical, cantidades importantes de poder público se trasladaron a manos de un actor que, por su naturaleza, opera con una lógica distinta al interés público. Bajo este escenario, y sin los recursos legales y judiciales necesarios, la SEP fue desautorizada. Como consecuencia, se perdió poder y eficiencia gubernamental. ¿Qué hacer entonces para recuperar la autoridad pública? Primero que nada, reconocer que dentro de la incipiente democracia de México los pactos corporativos son onerosos para la mayoría. El ejercicio del poder y de la autoridad demanda entonces la creación de esquemas institucionales mucho más complejos e impersonales y en esto la renovación legal y judicial es clave. Estos esquemas no deben servir para tratar de suprimir la voz de los diversos actores políticos, sino para recrear los espacios de poder con que debe actuar la autoridad pública. Es a través de estos espacios que pueden impulsarse las transformaciones educativas que la sociedad demanda. Reconstruir la autoridad pública en educación daría entonces una clara señal de que habrá transición.

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.

4 de septiembre de 2012

Con su actuación, #YoSoy132 sacó al proceso electoral de una inercia de desinterés: Rector de la UIA

Por Emir Olivares Alonso*

- Si ese ánimo brota de las aulas de nuestra universidad, podemos sentirnos satisfechos: rector.
- José Morales Orozco, ratificado para dirigir esa institución educativa en el bienio 2012-14.


Al rendir su octavo informe de labores, el rector de la Universidad Iberoamericana (UIA) de la ciudad de México, José Morales Orozco, destacó la aparición del movimiento #YoSoy132, que se gestó luego de una protesta de alumnos de esta casa de estudios contra el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
En su mensaje, el rector de la Ibero apuntó: Pasada la coyuntura electoral, que encendió los ánimos y polarizó las opiniones, vale la pena preguntarse si el modo jesuita de educar puede explicar una de las novedades del movimiento que sorprendió a muchos: que se gestara en una universidad privada.
Resulta inevitable, aseguró, no hablar sobre el surgimiento del grupo Másde131 (conformado por estudiantes de la Uia, mismo que dio paso al nacimiento de #YoSoy132), suceso que tuvo gran repercusión dentro y fuera de la casa de estudios.
Morales Orozco, quien fue ratificado en el cargo para el bienio 2012-2014, afirmó que no se trata de vanagloriarse ni de condenar apresurada y maquilladamente el hecho, sino de reflexionar al respecto. Resaltó que la formación jesuita se basa en los principios de: utilidad, justicia, humanismo y fe.
Este tipo de educación, indicó, ha querido ser siempre útil, tanto en la docencia como en la investigación. “Los egresados de la Ibero no deben conformarse con adaptarse exitosamente al mundo tal como es, sino que deben aspirar a transformarlo, a hacerlo más humano (…) No se trata de formar a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo”.
La búsqueda de la justicia implica aspectos como la sustentabilidad, la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la convivencia pacífica y armónica en un mundo convulsionado, de manera apremiante, en el contexto nacional, desgarradoramente violento.
El humanismo busca una formación integrada e integral de los individuos. Que sean personas creativas, críticas, libres, solidarias, afectivamente integradas y conscientes de la naturaleza de su actuar, según lo expresa la filosofía educativa de la universidad.
Mientras que la fe nos ha ayudado a crecer en humanidad, porque nos da confianza en que todo ser humano lleva en sí una potencialidad que le trasciende y que siempre puede desarrollarse y crecer.
El espíritu de esos cuatro elementos se mostró “en aquellos más de 131 alumnos de esta universidad (que grabaron un video para mostrar su enfado por haber sido considerados acarreados tras manifestarse contra Peña Nieto) que con su pensamiento y su actuación se esforzaron por sacar el proceso electoral de una inercia de desinterés y falta de participación crítica”.
Si ese mismo espíritu es capaz de manifestarse en las decenas de iniciativas de estudiantes y profesores y si ese ánimo brota de las aulas y cubículos de la institución, podemos no sólo sentirnos satisfechos y optimistas con el resultado de nuestra labor educativa, sino convencidos de su pertinencia para los tiempos por venir.
Destacó además la labor en el último año de alumnos de la casa de estudios en servicios a la comunidad, de los proyectos institucionales en materia de derechos humanos, entre otros.
Con relación a garantías fundamentales, la institución ha desarrollado un trabajo constante en los espacios de política pública, tanto en el Distrito Federal como en el ámbito federal, lo que derivó en la aprobación e implementación de la reforma constitucional en la materia.
Además de apoyar proyectos sociales en diversas entidades del país, los alumnos de la Uia realizaron servicio social en favor de los pueblos de Haití y Centroamérica; trabajaron para beneficiar a comunidades de migrantes en Estados Unidos, al grado de que se creó la asociación estudiantil Soy Migrante, muestra tangible de cómo los jóvenes abordan su responsabilidad al respecto de esta problemática.
En investigación, aseveró, la UIA otorgó financiamiento a 25 proyectos, reconoció la alta calidad de los productos de investigación de 11 académicos y respaldó el esfuerzo de tres trabajos con impacto social y ambiental, y mantiene colaboración con 218 instituciones internacionales de 40 países.

* Derechos Reservados. Originalmente publicado en La Jornada. Foto: Animal Político. Lee completo el Octavo Informe del Rector dando clic en este enlace. 

3 de septiembre de 2012

Regreso a clases ¿y vuelta al pasado?

Por Pedro Flores Crespo*
Laico es quien sabe abrazar una idea sin someterse a ella…
-Claudio Magris en Laicidad la gran incomprendida.
Si bien ninguna forma de vida es la mejor para todos, algunas resultan malas para cualquiera.
-John Gray en Una ilusión con futuro.
El lunes 20 de agosto volvieron a la escuela 27.5 millones de niñas, niños y jóvenes y 1.2 millones de maestros. Es alentador ver la fuerza que despliega en esos momentos la sociedad mexicana, la cual sigue considerando a la educación como un factor para que los individuos asciendan socialmente, mejoren sus ingresos y acrecienten su cultura. Por ello, el regreso a clases me parece una acción digna de comentar.
El ciclo escolar 2012-2013 será particularmente especial por varias razones. Entre ellas, están las razones históricas. Hace 20 años el gobierno federal, los gobiernos de los estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). Este Acuerdo - que dio paso a la Ley General de Educación de 1993 - impulsó cuatro políticas que le imprimieron rumbo definido a la educación básica. Estas cuatro políticas son: descentralización (o federalismo), formación docente, reforma curricular y participación social. Veinte años son más que suficientes para retomar la discusión sobre el diseño y funcionamiento del ANMEB y sobre todo, para imaginar nuevos arreglos institucionales y políticos que contribuyan a fundar un esquema de gobernabilidad democrático y eficiente. En este sentido, opinaría que el “federalismo”, así como la participación ciudadana tienen que revisarse a fondo.
Una segunda razón histórica para poner atención en el inicio de este ciclo escolar es que, si todo salió bien, ahora estarán terminando la educación básica la generación de jóvenes que ingresó a la primaria cuando se logró la alternancia partidista y se allanó el caminó para la transición democrática. Esto también hace preguntar si los niños – ahora jóvenes – que estudiaron bajo un régimen democrático fueron mejor formados que si lo hubieran hecho durante el régimen de partido único. Habrá que reunir los datos y dar pronto una respuesta a esta pregunta.
Pero hay otras buenas razones para preocuparnos por el regreso a clases en este 2012. La esperanza de que al volver a la escuela nuestros hijos ampliarán sus capacidades, serán más independientes, compasivos y responsables se obscurece cuando se conocen algunas noticias recientes sobre la vida del país y del sector educativo. Veamos.
El mismo día en que regresaban a clases millones de niños y jóvenes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer un boletín de presa que anunciaba, según datos preliminares, que en 2011 se registraron 27,199 homicidios en el país. Esto representa una proporción de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes y lo triste es que en 2007 esta proporción era significativamente menor (8). La inseguridad que actualmente vivimos no es aliada del derecho de los niños a recibir educación y esto debe preocuparnos a todos.
Otra razón para preocuparnos por el futuro de la educación lo ilustra la comunidad Nuevo Jerusalén (NJ) en el estado de Michoacán. NJ fue fundada en 1973 luego de que supuestamente se apareció la Virgen del Rosario y mandó un mensaje al párroco, Nabor Cárdenas (Papá Nabor), de construir una comunidad “divina”. Bajo esta creencia, Papá Nabor impuso un código de conducta anacrónico: prohibió los televisores, radios, usar ropa “moderna” y la educación laica. El fanatismo ha llegado a tal punto que en julio pasado varios “iluminados” de NJ destruyeron escuelas de la comunidad por “mandato celestial”. Ante ello, varios habitantes que no comparten las creencias del actual obispo, San Martín de Tours, heredero de Papá Nabor, acondicionaron una casa como escuela. Ante esta acción, los seguidores del líder religioso reaccionaron construyendo casetas de vigilancia para impedir el paso de maestros y alumnos que quieran estudiar bajo los preceptos que marca la Constitución Política de México como el laicismo y el combate a los fanatismos. Estos terribles hechos hacen preguntarnos qué hizo mal la sociedad michoacana —y sus gobiernos— para permitir tales atropellos a la razón y a la modernidad.
La ignorancia y la violencia no pueden seguir amenazando nuestra incipiente democracia ni ser más grandes que la fuerza que despliega una sociedad cuando regresa a clases con la esperanza de mejorar individual y colectivamente. Cultivemos la razón y regresemos a clases con alegría, no adoremos de manera acrítica el pasado ni permitamos que algunos “iluminados” normen nuestras vidas. Esto sí que puede provocar estallidos sociales.

*Pedro Flores Crespo es doctor en Política por la Universidad de York, es investigador y académico del  Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (UIA). E-mail: pedro.flores@uia.mx. Síguelo en Twitter: @flores_crespo
Originalmente publicado en Campus Milenio.